Coordinador eléctrico y diversidad en los directorios

En julio de 2016 se publicó la ley que “Establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un Organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional”. Este cuerpo legal responde a profundas falencias del sistema eléctrico, en particular, en aspectos referidos a la transmisión y ordenamiento del sistema que se venían discutiendo desde hace muchos años.

Existía un diagnóstico transversal que la inversión en transmisión no estaba creciendo al ritmo necesario y que, peor aún, era un cuello de botella para el desarrollo de proyectos eléctricos, especialmente los más pequeños, afectando por ello desproporcionadamente a las ERNC. A nivel de Transmisión Troncal las obras no contenían las holguras necesarias para sostener una verdadera planificación de largo plazo ni consideraban aspectos de ordenamiento territorial. En Subtransmisión, la ausencia de la obligación de expansión generó congestión y problemas de conexión. En Transmisión Adicional, la regulación no era clara ni suficiente. Finalmente, los tres segmentos no estaban regulados coherentemente entre sí ni permitían un desarrollo integral de la red.

Respecto al Coordinador Independiente, ya en 2012 se anunciaba en las medidas de la Agenda Pro Inversión y Competitividad que “se debe dotar a los CDEC de mayor autonomía e independencia, de modo que adopte decisiones que garanticen una operación eficiente, segura y transparente del sistema eléctrico.” Esta nueva ley avanza de manera clara en aumentar la independencia de Operador del Sistema Eléctrico de los actores de la industria y también se hace cargo de otros grandes desafíos del sector. Entre ellos los relacionados con monitorear permanentemente las condiciones de competencia del mercado eléctrico y garantizar, de mejor manera, el ejercicio del derecho al acceso abierto a las instalaciones de transmisión. Se establece además, la participación proactiva del coordinador en los actos normativos del sector, de apoyo a la fiscalización de la SEC y de promoción del cumplimiento de la normativa. Así pues, se le entregó al Coordinador reemplazar a los actuales CDECs y la obligación de velar por el interés colectivo y general para el cumplimiento de los mandatos de política pública establecidos.

La administración de esta nueva institucional recae en un Consejo Directivo compuesto por 5 miembros elegidos por un Comité Especial de Nominaciones mediante concurso público. El desafío de armar un buen directorio en este caso es grande. Por un lado, en Chile no ha cristalizado aún la convicción de que directorios diversos son positivos para las instituciones y se tiende a elegir directorios de “clones”. Así pues, alejarse de ese paradigma naturalmente cuesta y no es claro que incluso la institucionalidad a cargo de la formación de estos equipos lo tenga asimilado. Como gran avance se muestra la incorporación de una que otra mujer, pero el concepto de diversidad va mucho más allá del género. En efecto, se requieren directores con diferentes formaciones, trayectorias y perspectivas para así enriquecer los análisis y las decisiones que se tomen. Por otro lado, la misma ley entrega nuevos ámbitos de atención a los que estaban habituados los directores de los CDEC. Algunos de ellos son: realización de licitaciones (art 72° 7 y art 95°), transparencia y entrega de información pública (art 72° 8), monitoreo de la competencia en el sector eléctrico (art 72° 10), I+D e innovación (art 72° 13), participación en la generación de normativa (art 72° 19), entre otros. De ahí que sea muy relevante que el consejo directivo cuente con la mirada permanente de alguien con sensibilidad procompetencia y que, por lo tanto, entienda que el éxito de las licitaciones se determina en los detalles, que la normativa debe cuidar de no poner obstáculos innecesarios a la participación de empresas nuevas, de menor tamaño o innovadoras, que en el día a día de las instituciones se pueden generar estos obstáculos casi inconscientemente o de manera deliberada porque se cree necesario minimizar todos los riesgos y garantizar de todas las formas posibles que no se interrumpa el suministro.

Sobran ejemplos de cómo las instituciones demasiado conservadoras o formadas por agentes muy alineados terminan favoreciendo las empresas conocidas, las más grandes, las tecnologías ya probadas y desde luego así limitando la innovación, con tal de no correr el riesgo de que algo falle. La visión de que ese extremismo es ineficiente debe estar presente a nivel de directorio. De otra forma, ésta no permea y la ley termina siendo letra muerta, sobre todo en aquellos casos en que las obligaciones procompetencia y proinnovación son declarativas y no se exige medirlas por lo que incumplirlas no tiene sanción.

Recientemente fue nombrado el nuevo Consejo Directivo. Esperemos que tenga éxito en todos los ámbitos que le fueron encomendados.